Seguridad vial y elecciones.
La seguridad vial debe estar en los programas electorales
A fecha de 1 de noviembre, no encontramos contenidos concretos de seguridad vial en los programas electorales de los partidos políticos.
Mi décima propuesta del año es precisamente la inclusión de estos contenidos en dichos programas. Lamento renunciar de antemano a que pueda existir algún debate sobre esta cuestión. No creo que ni siquiera los periodistas pongan el foco en un problema que genera cerca de 1.800 muertes al año.
Y no lo hacen porque la ciudadanía no lo demanda.
La siniestralidad vial tiene consecuencias humanas, sanitarias, sociales y económicas que requieren una respuesta política integral.
Desde hace tiempo he considerado que el consenso en esta materia, además de necesario, existía. Sin embargo, como ocurre en tantas otras cuestiones, el acuerdo sobre «el qué» se difumina cuando llega el momento de abordar «el cómo».
Que todavía no dispongamos de los programas electorales o que, cuando se publiquen, la seguridad vial aparezca de forma desestructurada y dispersa, como una cuestión transversal, no significa que no podamos hacernos una idea de las posiciones de los partidos. Tenemos como referencia las iniciativas legislativas de la pasada legislatura. Una de ellas es, por ejemplo, la propuesta de reducción de la tasa de alcohol al volante, que considero una de las más representativas. Finalmente, no salió adelante.
Como apuntaba anteriormente, aunque todos parecen coincidir en el qué – reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo vial -, no se ponen de acuerdo en el cómo. Y esto es precisamente lo que deberían explicar. Hacer pedagogía, como suelen decir nuestros políticos. Porque, en este ámbito, confrontan las medidas coercitivas con las preventivas y de concienciación.
Con el interés periodístico centrado en el siniestro de Urda, el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras y su seguridad monopolizará previsiblemente la atención mediática y ciudadana. Seguramente, de una manera más cosmética y visceral que técnica y rigurosa.
El estado de las carreteras es, sin duda, una cuestión que debe abordarse en relación con la seguridad vial. Pero también deberían tener reflejo en los idearios políticos la educación vial, la actividad preventiva, la movilidad laboral, la protección de los usuarios vulnerables, la atención a las víctimas y los mecanismos de evaluación y transparencia.
Y qué decir de la Dirección General de Tráfico, que percibimos más como un organismo fiscalizador y excesivamente apegado a la dirección política de turno que como una institución que ejerza plenamente su indudable papel técnico en la búsqueda de soluciones al grave problema de la siniestralidad en carreteras y ciudades.
Mi propuesta es incorporar el Sistema Seguro no solo como un mero titular o una aspiración de alto nivel, sino como un compromiso estratégico, concretado en propuestas tangibles.
Como sucede con la infraestructura ferroviaria, no podemos hacer depender la seguridad de los viajeros de que no se produzcan errores humanos, porque estos seguirán existiendo. Si no somos capaces de evitarlos, los trenes no podrían circular a velocidades incompatibles con la fragilidad del cuerpo humano ante una colisión.
En el caso de la movilidad rodada, el factor humano tiene un peso enorme. A pesar de los sistemas ADAS, la conducción sigue dependiendo, en gran medida, de las decisiones de las personas. Somos millones de conductores los que realizamos millones de desplazamientos diarios, tanto privados como públicos. Y una mortalidad como la que genera el tráfico exige un plan.
Por ello, invito a todas las candidaturas a presentar compromisos concretos en esta materia de cara a la próxima legislatura.
Y si en alguno de los debates electorales llegara a abordarse este asunto, sería algo extraordinario.
